Esta normativa se presenta como un instrumento clave para proteger aquellos trabajadores/as que den a conocer actividades irregulares o ilegales, siempre y cuando se consideren como graves o muy graves dentro del ordenamiento jurídico de la compañía.
Directiva europea 1937/2019, para la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, tiene su transposición en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, publicada en el BOE del 21 de febrero de 2023.
La ley no solamente se centra en proteger a trabajadores, sino que abarca también a accionistas, inversores, miembros de órgano de administración, trabajadores en prácticas, personal subcontratado, proveedores. Y, al mismo tiempo, protege a terceros relacionados con el informante en cuestión, en caso de amenazas o represalias.
